¿Qué nos espera en las Elecciones Generales Perú 2021?

 

Un breve repaso a las principales normas que regirán en las elecciones de 2021.

Sufragio Electoral: La Ley N° 31038 menciona que la votación se realizará de 7:00 am a 7:00 pm. Además, las personas con riesgo de contagio por Covid 19, están exoneradas del pago de multas por no votar o no asumir la función de miembro de mesa.

Elecciones Internas: Suspendidas temporalmente las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la Ley N° 31038 se establece que las organizaciones políticas escojan a sus candidatos mediante:

a) El voto de delegados, elegidos previamente con el voto de todos sus militantes.

b) El voto de todos sus militantes.

Ambas modalidades serán organizadas obligatoriamente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los candidatos a una organización política deben afiliarse máximo hasta el 30 de setiembre.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) elaborará el padrón de electores y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizará el proceso electoral interno.

Paridad y Alternancia: La Ley N° 31030 determina que las organizaciones políticas deben incluir como mínimo a un hombre o a una mujer en su fórmula electoral a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, quienes estarán ubicados de manera intercalada.

También determina que las listas al Congreso y Parlamento Andino deben estar conformadas por un 50% de mujeres u hombres, cuyas candidaturas se ordenarán de manera intercalada.

Estas disposiciones permitirán el cumplimiento del criterio de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos.

Prohibición de Reelección para Congresistas: La Reforma Constitucional aprobada en el Referéndum de diciembre de 2018, establece que los ciudadanos que han ejercido como congresistas entre los años 2016 y 2021, no podrán postular en estas elecciones.

Distrito Electoral de Peruanos en el Extranjero: Creado por la Ley N° 31032, otorga a los peruanos en el extranjero representación en un nuevo distrito electoral mediante la elección de 2 congresistas.

Regulación del Financiamiento: La Reforma Constitucional aprobada en el Referéndum de diciembre de 2018, establece que el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado, bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Para lograrlo, en setiembre de 2020 se promulgó la Ley N° 31046, estableciendo regulaciones para recibir y usar el financiamiento público y privado, fuentes de financiamiento prohibidas, infracciones y sanciones.

Además, se otorga a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la facultad de acceder a las cuentas bancarias de las organizaciones políticas para su supervisión.

Propaganda Electoral en Medios de Comunicación: La Reforma Constitucional aprobada en el Referéndum de diciembre de 2018, también prohíbe a las organizaciones políticas contratar propaganda electoral en televisión y radio, esta solo se realizará por financiamiento público indirecto mediante la franja electoral buscando asegurar una competencia equilibrada.

Impedimentos de Postulación: La Ley de Reforma Constitucional N° 31042 aprobada en setiembre de 2020 establece que las personas con sentencia en primera instancia por delito doloso están impedidas de postular en las elecciones.

También pueden leer el artículo en el siguiente enlace de mi ventana en La Mula.pe: https://cgama.lamula.pe/2020/10/15/que-nos-espera-en-las-elecciones-generales-peru-2021/christophergambini/

Análisis del Acuerdo Nacional

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El Acuerdo Nacional es un foro que elabora y aprueba lineamientos en políticas del Estado en base al diálogo y concertación entre los tres niveles de gobierno y las instituciones políticas y sociales de Perú. 

Fue creado en el año 2002 durante el gobierno de Alejandro Toledo y agrupa los lineamientos de Políticas de Estado en 4 objetivos básicos: 

1) Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho.

2) Equidad y Justicia Social.

3) Competitividad del País.

4) Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

Este Foro constituye el más serio esfuerzo por lograr consensos sobre una agenda de país entre los diferentes partidos políticos, autoridades y sociedad civil hace ya 18 años. Este esfuerzo merece reconocimiento, en el contexto de debilidad institucional que afecta al Estado Peruano y desprestigio de la función de la clase política.

El agrupamiento en 4 objetivos básicos permite construir una visión integral en la agenda de país en concordancia con el trabajo de CEPLAN y los objetivos del milenio de las Naciones Unidas; además de ser una base para las políticas públicas ejecutadas por todos los niveles de gobierno del Perú.

Luego de su lanzamiento el Acuerdo Nacional ha perdido presencia en el escenario público, a pesar de la labor de sus miembros técnicos. La pérdida de presencia se ha debido al constante enfrentamiento político partidario, a la falta de difusión en la sociedad sobre el contenido del acuerdo, mantenerse al margen de la comunidad universitaria y al surgimiento de otros espacios informales de diálogo político.

Si bien es cierto en niveles de gobierno municipal tiene alguna presencia, como un formalismo administrativo al momento de elaborar políticas públicas; el rol del Acuerdo Nacional no debe ser entendido como una norma más del Estado sino como un espacio de diálogo y acuerdo propositivo con puntos comunes sobre los principales problemas que nos afectan como sociedad. Debe ser un enfoque guía en la gestión de gobierno.

También considero le ha faltado un mecanismo de actualización para incorporar de manera deliberativa los planteamientos de los nuevos actores políticos y sociales en los objetivos ya aprobados.

Otro problema que ha tenido y tiene este foro es que sus acuerdos, logrados a través del debate de los aportes de sus miembros, no son de naturaleza vinculante para los gobiernos. Esto genera que sean ideas o propuestas que quedan levitando en el debate público, pero que son complicadas de materializar de manera rápida y oportuna en la gestión pública.

Más aun teniendo en cuenta que en el Perú no se presta tanta atención al planeamiento, prevención, diálogo y seguimiento de acuerdos. Elementos que contribuyen a tener una mejor gestión del Estado con una visión integral que permita detectar problemas con anticipación, usar instrumentos y medios para resolverlos, dar seguimiento al cumplimiento y a la resolución de esos mismos problemas.

Es pertinente resaltar que a pesar del esfuerzo de CEPLAN por incorporar estos acuerdos en el Plan Bicentenario, donde con indicadores se han trazado las metas que el Estado Peruano espera alcanzar en 2021, estando ya en el año 2020 estas metas están lejos de cumplirse.

Lo positivo a pesar de todos estos problemas brevemente descritos es que el Acuerdo Nacional no ha dejado de existir en estos casi 18 años, siendo una de las pocas políticas de Estado vigentes en el Perú. Esto debe servir para relanzar y recuperar la vigencia del Acuerdo Nacional ante el sistema político y la sociedad.

Para recuperar el espacio perdido, una opción es que el Acuerdo Nacional opte por institucionalizarse dentro de la estructura del Estado, dejando de ser un foro de reuniones y diagnóstico y pase a ser una institución autónoma dedicada a coordinar los lineamientos de políticas de Estado; tomando como modelo un gran Consejo de Estado con reuniones periódicas cada mes o en cada trimestre del año.

Además, el institucionalizarse y poseer autonomía le permite poder ser un espacio donde converjan todas las organizaciones políticas y sociales. Así como ser un espacio con legitimidad reconocida y respetada por la sociedad para los temas por los que fue creado.

Por lo mismo, debe dejar de ser un punto de reunión ocasional de los partidos políticos y optar por un rol más activo buscando generar alianzas con diferentes espacios de la sociedad civil y de las instituciones públicas para no depender de la voluntad política del gobierno de turno. 

Tener más participación en la agenda pública para cumplir con los objetivos propuestos e ir solucionando la vida de las personas. Participar en el debate en medios para colocar en la agenda temas de políticas de Estado que muchas veces son olvidados u ocultados. Además de iniciar una extensa campaña educativa para que las personas de todas las edades y condiciones sociales conozcan de su existencia, contenido e importancia para el futuro del Perú. 

Solo así el Acuerdo Nacional logrará cumplir el fin por el que fue creado.

Congreso Fragmentado: Analizando los resultados de las Elecciones 2020

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El domingo 26 de enero se realizaron elecciones parlamentarias por primera vez en la historia democrática del Perú, este proceso electoral extraordinario provocado por la disolución del Congreso ocurrida el 30 de setiembre pasado buscaba teóricamente resolver el constante conflicto político entre el Gobierno de Martín Vizcarra y la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular y aliados. 

Luego de una campaña corta, sin publicidad contratada en radio y televisión, sin grandes liderazgos en las listas congresales en Lima (el mayor distrito electoral) y con pocas propuestas de agenda parlamentaria, 21 organizaciones políticas esperaban conseguir el respaldo de la ciudadanía en medio de un contexto de alta desconfianza en la política alentado por las revelaciones del Caso Lava Jato (escándalo de sobornos y de financiamiento irregular de campañas que implica a casi todas las fuerzas políticas que estuvieron en el Gobierno o en el Congreso) y del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto (investigación fiscal que reveló los nexos de corrupción entre jueces, fiscales, políticos y altas autoridades del Estado). 

Fuente: Diario El Comercio.

Con un ausentismo electoral del 25% y con casi el 90% de resultados son 9 las organizaciones políticas que lograron superar la barrera electoral y obtener representación parlamentaria, provocando un Congreso fragmentado donde ninguna fuerza política supera el 10% de los votos válidos nacionales ni tendrá la mayoría por sí misma; haciendo obligatorio el diálogo y la concertación para asegurar el funcionamiento del Legislativo y la aprobación de normas en materia de Seguridad Ciudadana, Lucha contra la Corrupción, Reforma Política y Judicial entre otros temas que deberán ser abordados en los próximos 15 meses. 

Acción Popular, el histórico partido de centroderecha, con el 10.3% de los votos válidos a nivel nacional obtendría 25 escaños convirtiéndose en la primera minoría en el Congreso. Su positiva participación en las últimas elecciones regionales y municipales le permitió ser el segundo partido a nivel nacional con mayor cantidad de autoridades elegidas, el nivel de recordación de su símbolo partidario, sus listas electorales donde primaron la renovación y la participación de sus militantes, la diversidad de posiciones de su pequeña bancada en los últimos 3 años y su alejamiento del control del Ejecutivo y Legislativo; son algunos factores que pueden explicar su desempeño en esta elección. 

El FREPAP, partido teocrático fundado en 1989, sin mayor atención mediática se convirtió en la primera “sorpresa electoral” al conseguir el 8.2% de los votos válidos y alrededor de 15 escaños. Su presencia en todo el territorio nacional, organización de activos militantes pertenecientes a la Asociación Evangélica Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, una austera campaña en tierra, no estar vinculados a los escándalos de corrupción política y su alejamiento del poder institucional; son algunos factores que los favorecieron en medio de un contexto de dispersión electoral. Aunque con una posición religiosa conservadora, el eje de su propuesta se centra en la moralización de la política, el ámbito social y el apoyo a los agricultores. 

Alianza para el Progreso, organización política fundada por César Acuña en el Norte del Perú, obtendría el 8.08% de los votos válidos y 22 escaños convirtiéndose en la segunda minoría legislativa. Su posicionamiento a nivel regional y local demostrado en las elecciones regionales y municipales de 2014 y 2018 donde consiguió ser el partido con mayor cantidad de autoridades electas, el posicionamiento de su símbolo partidario, la mayor disponibilidad de recursos logísticos para realizar campañas electorales y su posición centrista; le habrían permitido cosechar resultados positivos en diferentes regiones, aunque Lima sigue siendo una plaza adversa. 

Podemos Perú, organización creada por el empresario José Luna ex financista y dirigente de Solidaridad Nacional, obtuvo el 8.06% de los votos válidos y 11 escaños. El liderazgo del ex ministro del Interior Daniel Urresti, su activa campaña en los distritos más poblados de Lima, centrar su mensaje electoral sobre lucha contra la Corrupción y Seguridad Ciudadana, una de las principales preocupaciones de la población; serían los motivos que explicarían su desempeño electoral principalmente en Lima donde gracias al arrastre electoral de Daniel Urresti que obteniendo más de 490 mil votos preferenciales se convirtió en el congresista electo más votado del país. 

Partido Morado, la organización política más joven fundada bajo el liderazgo de Julio Guzmán, consiguió en su debut electoral el 7.3% de votos válidos y 9 escaños. A pesar de la activa campaña emprendida por sus militantes, su propuesta centrista, su campaña en redes sociales y de presentarse como una alternativa renovadora, logró un expectante 3er lugar a nivel nacional muy lejano para su exceso de expectativas. Obtener el grueso de su votación en Lima, la falta de definición de una estrategia y los problemas de algunos de sus dirigentes para definir sus posiciones, son elementos preocupantes en su intención de ser gobierno en 2021. 

Fuerza Popular, organización fujimorista liderada por Keiko Fujimori, apelando a su voto duro y con una campaña que evitó los riesgos logró el 7.2% de los votos válidos y 15 escaños. Han pagado las consecuencias de ser percibidos como una oposición parlamentaria obstruccionista y han logrado procesar la pérdida del control del Congreso, los tiempos de los 73 congresistas hoy parecen lejanos. 

Unión por el Perú, franquicia electoral manejada por el ex congresista José Vega, luego de aliarse al Frente Patriótico liderado desde la prisión por Antauro Humala se convirtió en la segunda “sorpresa electoral” obteniendo el 6.9% de los votos válidos y 13 escaños. Con un discurso duro en temas de seguridad y lucha contra la corrupción, demagógico y xenofóbico, el movimiento etnocacerista participa por primera vez en una elección nacional logrando elegir representantes. El respaldo obtenido en las regiones del centro y sur del país alimenta las ambiciones presidenciales de Antauro Humala y garantiza la sobrevivencia del negocio de vientre de alquiler de Unión por el Perú. 

Frente Amplio, organización política de izquierda fundada en 2013, obtendría el 6.2% de los votos válidos y 9 escaños. Con una campaña austera, apelando a sus nichos electorales, identificándose como alternativa de izquierda, posicionando un mensaje de defensa de los trabajadores; logró mantener su presencia en el Parlamento. 

Somos Perú, organización municipalista fundada por el difunto ex alcalde limeño Alberto Andrade, obtendrían el 6.1% de los votos válidos y 11 escaños. Su permanente presencia municipalista y su alejamiento de la atención mediática les habrían permitido contar con una considerable bancada parlamentaria. 

Juntos por el Perú, agrupamiento de organizaciones de izquierda aliadas de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, apenas conseguiría el 4,7 % de los votos válidos y se quedaría fuera del Parlamento. A pesar de su activismo, exposición mediática y del respaldo de Mendoza en las regiones del centro y sur del país; se debate por pasar la barrera electoral y de quedar fuera del Congreso, el fracaso de Verónika Mendoza sería contundente. 

El Partido Popular Cristiano y el APRA, partidos antiguos protagonistas de la política peruana en el siglo XX, quedarían fuera del parlamento. 

En el caso del PPC, a pesar del liderazgo de Alberto Beingolea, uno de los candidatos más votados en Lima, y su intento de “renovación”, obtendría 4% de los votos válidos y no consigue el suficiente respaldo electoral para retornar al Congreso. 

En el caso del APRA, paga las consecuencias de ser manejado por una dirigencia mediocre y corrupta que se resiste a propiciar una auténtica renovación del partido y su propuesta. Alejado de la ideología y programa de su fundador Haya de la Torre, el otrora gran partido del siglo XX terminó de aliado incondicional del fujimorismo y ha sido reducido al 2.7% de los votos válidos. Son cada vez más reducidas sus opciones de sobrevivir electoralmente en 2021.

¿Está avanzando la Ciencia Política?

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La Ciencia Política es una carrera profesional relativamente nueva en nuestro país, con un origen accidentado e interrumpido en el siglo XX, logra iniciar una nueva etapa en 1988 con la formación de la Escuela Profesional de Ciencia Política en la Universidad Nacional Federico Villareal. Con el cambio de siglo, nuevas escuelas profesionales iniciarían actividades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2002, en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2005 y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en el año 2007.

En los siguientes años, la oferta educativa en Ciencia Política seguirá aumentando, ahora fuera de la ciudad de Lima, con la formación de escuelas profesionalesen la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac en el año 2011, en la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2012, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque en el año 2013 y finalmente en la Universidad Católica Santa María de Arequipa en el año 2016.

Sin duda si nos fijamos a un nivel cuantitativo, la enseñanza en ciencia política ha tenido un crecimiento, pasamos de tener una sola escuela profesional en el año 1988 a tener 8 escuelas profesionales en el año 2018, aumentando así con el transcurrir de los años la cantidad de alumnos que ingresan y egresan de todas estas casas de estudio. Pero este crecimiento tiene importantes límites si lo vemos desde un nivel cualitativo, la formación de escuelas profesionales en ciencia política ha ido acompañada por serios problemas como la falta de actualización de la currícula académica y su desconexión con la demanda laboral, la falta de docentes especialistas en sus materias, el limitado apoyo institucional de las propias universidades hacia las escuelas profesionales, entre otros; problemas muy presentes en la universidades públicas pero que también suceden en las universidades privadas.

A pesar de lo mencionado anteriormente, se han presentado algunos progresos en la formación de comunidades académicas con el desarrollo de coloquios universitarios y el macrocoloquio de estudiantes de ciencia política organizados por los propios estudiantes, con la creación de la Red Universitaria Nacional de Escuelas de Ciencia Política (RUNAECIP) para intentar mejorar los mecanismos de comunicación entre las escuelas profesionales de Ciencia Política e institucionalizar los Congresos Nacionales de Ciencia Política en el Perú, y con la participación de delegaciones universitarias en los Congresos Nacionales de la especialidad en Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina y en los Congresos Latinoamericanos organizados por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

De esta manera, las comunidades académicas (conformada por alumnos, docentes y egresados) de ciencia política se han adelantado mediante sus propios esfuerzos a las propias escuelas profesionales de Ciencia Política, que por problemas institucionales tanto internos como externos, avanzan a una velocidad mucho más lenta. Las comunidades académicas se empiezan a colocar a la vanguardia del desarrollo de la Ciencia Política, pero sin el acompañamiento institucional de las casas de estudio estos loables esfuerzos pueden naufragar; tengamos en cuenta que solo con el aporte de todos los involucrados lograremos que la Ciencia Política avance realmente.

¿Qué significa ser un politólogo?

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En los últimos 10 años, los politólogos se han ido visibilizando ante mayores sectores de la población, debido en parte a la mayor presencia de estos profesionales en diferentes medios de comunicación (televisión, radio, prensa escrita, etc.) tratando de analizar y explicar por un lado los diferentes hechos políticos coyunturales y por otro lado los procesos más complejos que se relacionan con el sistema político, el Estado y la sociedad de nuestro país.

Teniendo en claro esta primera aproximación al tema, debemos estar preguntándonos, ¿qué significa ser un politólogo? En primer lugar, es importante aclarar que ser politólogo no es lo mismo que ser político. Todo ciudadano que así lo desee, sin importar su profesión u oficio, puede ser político, pero solo los profesionales que estudian ciencia política son politólogos.

Estudiar Ciencia Política le permite al politólogo conocer y aprender sociología, gestión pública, antropología, historia, psicología política, derecho, relaciones internacionales, comunicación política, administración pública, economía, entre otras disciplinas relacionadas con las relaciones de poder y con la gestión de los asuntos de interés público; dándole al politólogo la oportunidad de observar su alrededor de forma crítica y global.

Debido a esto, el politólogo tiene la opción de desempeñarse en diferentes campos laborales como son la evaluación, gestión y desarrollo de políticas públicas, la gestión y asesoría en comunicación política y de gobierno, la investigación social y científica, la docencia universitaria, y la consultoría en empresas e instituciones privadas que tienen una relación más próxima al Estado y a la sociedad.

De esta forma, los politólogos pueden contribuir y aportar a la mejora del Estado, a la eficiencia de los gobiernos, al correcto funcionamiento del sistema político y a la solución de los principales problemas de la sociedad peruana, que forma parte de un mundo cada día más globalizado y se enfrenta a un contexto de cambios propio de la era digital que vivimos.

Finaliza el Político Año 2018

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Este año 2018 que está a punto de terminar, ha sido sin duda el año más agitado políticamente del periodo democrático iniciado con el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. No solo por la sucesión constante de hechos, enfrentamientos, conspiraciones reales e imaginarias, cuestionamientos y conflictos por cuotas de poder; sino principalmente por sus efectos en la reconfiguración del mapa político "nacional" configurado y desarrollado luego de las elecciones generales de 2016. 

Pedro Pablo Kuczynski perdió la presidencia por la acumulación de denuncias y errores políticos cometidos en su breve gestión que terminó sin pena ni gloria en marzo de 2018. Pagó caro el otorgar el indulto al ex dictador Alberto Fujimori en vísperas de la navidad de 2017, indulto que no solo fue ilegal sino políticamente mal calculado y que meses después tiene a los principales protagonistas que lo propiciaron derrotados políticamente y complicados judicialmente: Kuczynski fuera de la presidencia y con impedimento de salida del país, Alberto Fujimori con su indulto anulado y con la orden de volver a su celda dorada en la DIROES que evade alojado en la Clínica Centenario, Kenji Fujimori suspendido del Congreso y con su proyecto político Cambio 21 paralizado para evitar el cuestionamiento público. 

Fuerza Popular viene perdiendo su sólida mayoría legislativa mes a mes, tiene a su lideresa Keiko Fujimori y a varios de sus asesores y operadores principales en prisión preventiva o prófugos de la justicia, tuvo un lamentable desempeño en las elecciones regionales y municipales en comparación con las elecciones de 2014 y actualmente no demuestra capacidad de reposicionarse ante un escenario político adverso y altamente cambiante. Sin su lideresa y con una dirigencia ausente y en conflicto, han perdido en la práctica la capacidad de controlar y cohesionar a sus parlamentarios lo que se demuestra con el público distanciamiento del Presidente del Congreso Daniel Salaverry y con el reservado apoyo que este recibe de varios de sus colegas que aún no quieren renunciar. Sin un plan B, Fuerza Popular se alista a perder en los próximos meses el control del Congreso y ser más vulnerable judicialmente, pero parece que su mediocre dirigencia no entiende esta situación y entusiastamente conduce el barco hacia el abismo. 

Alan García se ha visto más expuesto a las investigaciones fiscales y empieza verse más comprometido por el escándalo de corrupción Lava Jato. Si el 2016 significó el año de su mayor derrota electoral al obtener solo un 5% de los votos y demostrarse que su fama de locomotora electoral tenía más de mito sobredimensionado por su séquito de aduladores que de realidad contrastable; el 2018 significó el año donde su capacidad para colocar temas en agenda, demoler a sus opositores y manipular el escenario político, a pesar de todos sus esfuerzos ha fracasado. Tras su fallido escape al Uruguay debido a la denegación de su pedido de asilo político (rechazo que también recibió de parte de Chile, México, Colombia y Costa Rica), se encuentra hoy aislado y vulnerable lo que lo hace atacar compulsivamente con burdos psicosociales, mientras sectores de la población esperan que las investigaciones sigan y desean que sea llevado a juicio. No sabemos si esto último llegará a pasar, pero García va recibiendo su peor castigo: la destrucción de su mito político y la pérdida de su influencia en el ámbito político, económico, judicial y mediático; en resumen ver como el poder se le escapa lentamente de las manos. 

El Partido Aprista sigue sin recobrar su autonomía, sigue dependiendo de los designios de Alan García que ha demostrado no solo ser una pésima locomotora electoral en el último proceso electoral nacional sino también un pésimo líder más preocupado en sus propios intereses que en los intereses de su colectivo político. Pero este escenario trágico para un partido político de la envergadura del APRA, no tiene como único culpable a García, también tiene como responsables a su argolla de dirigentes más preocupados por los beneficios que obtienen en sus cargos que en fortalecer y democratizar a la organización, y a los militantes del partido que han caído en la resignación, la complacencia o complicidad frente a la decadente situación de su partido. El resultado de la gestión de García al frente del partido lo ha llevado a su mayor crisis y lo acerca cada vez más a su extinción. 

Las izquierdas agrupadas en torno al Frente Amplio que postuló la candidatura de Verónika Mendoza se encuentran divididas y dispersas (situación que no sorprende). Si bien en los últimos meses se han reagrupado en nuevos frentes y consiguen cierta atención mediática coyuntural, no demuestran una real convicción por consolidar un proyecto a largo plazo que les garantice convertirse en un actor político relevante y decisivo, afectando a la sociedad y a la democracia. 

Alianza para el Progreso, luego de ver anulada la candidatura presidencial de César Acuña, ha seguido la ruta de fortalecer a la organización en el plano municipal y regional. En las elecciones regionales y municipales de 2018 ganaron 4 gobiernos regionales y decenas de alcaldías tanto provinciales como distritales luego de postular candidatos en todo el país. A pesar de los escándalos mantienen una bancada de 7 parlamentarios relativamente cohesionada que sirve de eventual apoyo al Presidente de Consejo de Ministros César Villanueva. 

Acción Popular alejado de los escándalos siempre logra mantener presencia en el parlamento a pesar de contar con una bancada de 5 congresistas, obtuvo un gran éxito en las elecciones de 2018 al ganar la alcaldía Metropolitana de Lima con la candidatura de Jorge Muñoz, 13 alcaldías distritales en Lima, 3 gobiernos regionales y decenas de alcaldías tanto provinciales y distritales. Tiene pendiente resolver sus conflictos internos, renovar su dirigencia y empezar a prepararse para las elecciones generales de 2021. 

Luis Castañeda Lossio, el todavía alcalde de Lima, se despide de su tercera gestión sin pena ni gloria. Con una ciudad aquejada por problemas estructurales que no han sido atendidos por un gobierno municipal sin planes, con malos manejos administrativos, una vocación por realizar obras que no solucionan los problemas, sino los agravan y con una alergia crónica a rendir cuentas. Castañeda ha comprobado que la ciudad de Lima no es la misma que gobernó en sus pasadas gestiones, su desaprobación superior al 70% de la opinión pública es un potente indicador que la ciudadanía no está dispuesta a seguir sufriendo sus "obras". Este año no solo acaba su mandato sino que también significó la derrota electoral de la marca Castañeda a través de la candidatura de su hijo Luis Castañeda Pardo que siguiendo su clásico discurso del obrismo obtuvo el 2.5% de los votos. 

El escándalo Lava Juez revelado por Ideele Reporteros que develaba los pactos, maniobras y negociaciones corruptas de cierto sector de jueces y fiscales con relación al Callao pero que se ramificaba a las altas esferas judiciales, políticas y del extinto CNM, remeció el ambiente político nacional y despertó la indignación de la opinión pública marcando un cambio en la agenda pública. La mayoría de los protagonistas de estos audios se encuentran destituidos, investigados o enjuiciados lo que constituye una buena noticia en la búsqueda de justicia, pero solo responde a una revisión superficial del problema. El problema de la corrupción en el sistema de justicia y su permeabilidad frente al poder político es ampliamente conocido por los abogados, medios de comunicación y clase política, e intuido por la población en general; pero a pesar de esto no se hizo nada en estos años realmente por enfrentarlo y cuando se empiezan a proponer medidas de reforma para atender este postergado problemas, son vistas con desconfianza y hasta son atacadas con extremada fuerza por los mismos actores que callaron durante más de 15 años. 

Martín Vizcarra asumió la presidencia en medio de una crisis política provocada por el enfrentamiento entre el Fujimorismo de Keiko Fujimori y el gobierno de Kuczynski que se saldó con la renuncia de PPK. Entendió que debía en los primeros meses renovar los cargos del ejecutivo, construir su propia agenda de gobierno y posicionarse en la correlación de fuerzas existente; en ese sentido supo no escuchar las posiciones extremistas y tomar su propio rumbo. Luego de revelarse el escándalo conocido como Lava Juez que comprometió al sistema de justicia, el Presidente materializó su agenda anticorrupción durante su mensaje a la Nación en 28 de Julio a través del anuncio de impulsar la reforma de justicia y la reforma política que serían ratificadas mediante un referéndum. De esta forma buscó canalizar el descontento e indignación ciudadana dentro de los márgenes institucionales y posicionar su liderazgo para conducir al país en medio de una grave crisis política y judicial. Estos anuncios rápidamente le produjeron enfrentamientos con las fuerzas políticas aludidas y/o comprometidas en los audios de Lava Juez e interesadas en mantener su poder en un sistema político débil, desconectado y poco institucionalizado. 

Luego de semanas de confrontación y enfrentamientos, el Presidente logró que se aprobara el referéndum en el Parlamento y el 9 de diciembre obtuvo un respaldo indirecto de la población con la aprobación de 3 de las reformas y la negación del retorno a la bicameralidad con votaciones de más de 80% de los votos; posteriormente ha ratificado que seguirá dirigiendo un gobierno de reformas que vayan más allá del plano judicial y político. En resumen Martín Vizcarra ha entendido que dirige un gobierno de transición, en el entendido que tiene el deber de conducir la transición del país para sacarlo de una crisis de su sistema político e institucional hacia un Estado más democrático de cara al Bicentenario de la República, y para lograrlo debe emprender reformas impostergables y controlar la agenda pública, hechos que viene realizando con éxito frente a una oposición aplastada por su mediocridad y escándalos de corrupción. 

Hoy la situación política es diametralmente distinta a lo que podíamos ver en julio de 2016, es cierto que con cada coyuntura se producen cambios y se alteran las correlaciones de fuerzas, pero la multitud de hechos que han acontecido en este año son comparables proporcionalmente con los ocurridos durante un gobierno de 5 años. En ese sentido este año que se acaba nos deja múltiples lecciones: "la fuerza debe ser conducida con sabiduría sino puede terminar acabándonos", "la mediocridad y debilidad nos conducen rápidamente al fracaso", "los vencedores sino miden la dimensión de su triunfo y se desconectan de la realidad pueden terminar siendo vencidos", "la debilidad con paciencia y habilidad puede convertirse en fortaleza", y "la política necesita convicciones, rendición de cuentas y transparencia para no perder su significado de servicio público y vocación por el bien común". Esperamos que los actores políticos entiendan estas lecciones, sino lo hacen están condenados tarde o temprano al fracaso y con ellos fracasa nuestra sociedad y nuestra democracia.

Lima: ¿Cómo Vamos?

También pueden leer el artículo en el siguiente enlace de mi ventana en La Mula.pe: https://cgama.lamula.pe/2018/07/22/lima-como-vamos/christophergambini/

A menos de 3 meses de las elecciones regionales y municipales programadas para el domingo 07 de octubre revisamos las perspectivas de los candidatos que pugnan por ganar la alcaldía Metropolitana de Lima:

Renzo Reggiardo: Mantiene el liderazgo en las encuestas representando a Perú Patria Segura. Ha centrado su campaña en propuestas de mano dura frente a la delincuencia y su experiencia televisiva lo ayuda para lograr ser conocido frente a los electores. Veremos si le alcanza para ganar la alcaldía.

Humberto Lay: En su tercer intento por llegar a la alcaldía de Lima representando a Restauración Nacional. Se apoya en su experiencia como arquitecto y político para mantener a flote su candidatura buscando reflejar una imagen de honestidad y confianza. Veremos si logra mantener el protagonismo en la campaña.

Ricardo Belmont: Pretende volver al municipio a través de Perú Libertario, para lograrlo se apoya en el recuerdo de sus gestiones municipales y su experiencia política. Su mayor reto es conectar con el electorado joven y plantear una propuesta que le dé futuro a Lima.

Luis Castañeda Pardo: Apoyándose en la experiencia de su padre, pero intentando diferenciarse tímidamente de él; representa a Solidaridad Nacional en este intento por concretar un traspaso dinástico del poder municipal. Las encuestas lo tienden a inflar bastante al igual que a Reggiardo en una campaña que todavía no empieza a calentarse.

Daniel Urresti: Afrontando todavía el juicio por asesinato al periodista Bustíos, asumió la candidatura de Podemos Perú, organización de José Luna que es acusada de beneficiarse de un favoritismo por parte de la ONPE. Centra su campaña en presentarse como el comisario que le devolverá la seguridad a Lima. Veremos si el candidato y la organización política son declarados inocentes antes o después de las elecciones de octubre.

Enrique Cornejo: Ha logrado superar su inscripción ante el JNE y participa como candidato de Democracia Directa, luego de no lograr inscribir a tiempo a su movimiento Contigo Ciudadano y concretar un pacto con los “fonavistas”. Pretende repetir la positiva performance electoral que tuvo en el 2014 y aumentar su votación en base a su perfil técnico y propuestas para solucionar el problema del transporte en la ciudad. Veremos si la misma propuesta logra enganchar en un electorado cambiante y en un contexto distinto.

Jorge Muñoz: Representando esta vez a Acción Popular, pretende capitalizar su positiva experiencia como alcalde de Miraflores por Somos Perú y su conocimiento en temas municipales para convertirse en el nuevo alcalde de Lima. Intenta hacer cercana su imagen y ser más conocido por los ciudadanos de toda Lima; aunque tal vez el tiempo no le alcance.

Alberto Beingolea: Ha dejado por el momento la presidencia del Partido Popular Cristiano para asumir la difícil candidatura en Lima. Tiene la ventaja de ser más conocido y tener mayor acceso a medios. Su principal misión: mejorar el resultado que obtuvo su partido en el 2014 y ganar algunas alcaldías distritales.

Esther Capuñay: La única candidata en contienda, representando esta vez a Unión por el Perú. Cuenta con la disponibilidad de recursos que posee y el acceso a sus medios de comunicación, ha desplegado una gran cantidad de paneles y propaganda desde finales del 2017 que hasta el momento no la acercan a los electores.

Diethel Columbus: Con un perfil técnico y experiencia municipal fue elegido candidato de Fuerza Popular por Keiko Fujimori. Mantiene constantes recorridos por los distritos de Lima para darse a conocer ante los vecinos, pero mantiene bajas opciones electorales.

Juan Carlos Zúrek: Pretende dar el salto desde la alcaldía de La Molina a Lima, encabezando a Somos Perú, organización que actualmente dirige. Hasta el momento no logra subir en las encuestas y su experiencia municipal no lo ayuda en este propósito.

Manuel Velarde: Postulando con Siempre Unidos, con propuestas interesantes en cuanto a movilidad sostenible y fomento de espacios públicos, pretende representar un perfil técnico y renovador frente a los electores. Su mayor problema es considerar que su reciente experiencia como alcalde de San Isidro le da la experiencia necesaria para gobernar toda Lima.

Gustavo Guerra García: Representante de Juntos por el Perú, ha logrado aglutinar a la mayoría de organizaciones políticas de izquierda en base a una propuesta que busca completar y realizar las reformas promovidas en la gestión de Susana Villarán, de la cuál formó parte. Su principal reto será convencer que ahora será capaz de implementar eficiente e integralmente la reforma del transporte, reforma que desarrolló e implementó como funcionario municipal y que tuvo que enfrentar problemas, críticas y resistencias.

Enrique Ocrospoma: Ex alcalde de Jesús María y representante de Perú Nación. Busca tomar como bandera la seguridad ciudadana, pero ese tema ya está capitalizado por Reggiardo y Urresti, lo que reduce sus opciones terriblemente.

Julio Gagó: Excongresista fujimorista y representante de Avanza País. Pretende conectar con los pequeños y medianos empresarios para levantar una candidatura que viene trabajando desde hace 2 años.

Jaime Salinas: Convertido sorpresivamente en el candidato de Alianza para el Progreso, luego de adquirir su candidatura, se mantiene alejado por el momento de la atención mediática. Cuenta con la disponibilidad de recursos de APP y esperará su oportunidad para ganar reflectores en base a propuestas sin sustento y ataques a quién lidere las preferencias electorales.

Jorge Villacorta: Carga con los pasivos de representar a Peruanos por el Kambio asociado a la figura del expresidente PPK y con la pérdida de posicionamiento frente al gobierno de Martín Vizcarra, sus posibilidades prácticamente son nulas.

Roberto Gómez: Alcalde de Surco y candidato inesperado de Vamos Perú. Ha lanzado algunas propuestas en seguridad ciudadana pero no logra hacerse más conocido.

Enrique Fernández: Representando al Frente Amplio en su intento por diferenciarse del resto de organizaciones de izquierda, hasta el momento no se sabe si está en campaña.

Pablo Silva Rojas: Candidato del FREPAP, no se conoce que esté realizando campaña.

José Luis Gil Becerra: Mayor en retiro de la PNP, ex integrante del GEIN y candidato de Todos por el Perú. Su candidatura no fue aceptada por el JNE, sin embargo la organización política postula candidatos en varios distritos de Lima.