El Financiamiento de los Partidos Políticos

Es sin duda un tema de gran impacto que busca recientemente ser regulado por el parlamento para acabar con los constantes cuestionamientos a los políticos de todas las tendencias.

Las actuales leyes y reglamentos no han podido ordenar el sistema de financiamiento de todas las organizaciones políticas con especial énfasis en los ingresos y egresos por campañas electorales. No solo las reglas presentan graves limitaciones sino también los organismos electorales tienen grandes limitaciones al momento de fiscalizar a las diferentes organizaciones políticas.

Desde el retorno a la democracia en 2001, son constantes las denuncias de manejos económicos poco claros en todas las organizaciones políticas y es en el último gobierno donde se han acumulado acusaciones y denuncias de todo tipo; que van desde infiltraciones de dinero del narcotráfico y la minería ilegal; el lavado de activos, el financiamiento extranjero de campañas, el financiamiento de empresas y diversos grupos económicos hacia las candidaturas.

Casos como Ecoteva, que enfrenta el expresidente Alejandro Toledo y Perú Posible; los narco aportes y dinero provenientes del caso Narcoindultos, que enfrenta Alan García y el APRA; los ocultos financiamientos que recibe Keiko Fujimori y Fuerza Popular; el financiamiento excesivo de la Universidad César Vallejo hacia la campaña de César Acuña y su partido Alianza para el Progreso; y finalmente las denuncias que comprometen a Nadine Heredia y Ollanta Humala sobre el origen y manejo de los fondos recibidos por el Partido Nacionalista, constituyen casos que pudieron ser evitados con un marco legal coherente con la realidad y un efectivo sistema de fiscalización.

Ante este grave panorama resulta irrelevante la aprobación del financiamiento público hacia los partidos, por no existir un mecanismo claro de rendición de cuentas. Siendo importante resaltar que una consecuencia de la debilidad de los partidos es el hecho que no funcionan como organizaciones de militancia activa sino resultan convertirse en franquicias y maquinarias electorales, lo que sin duda alienta el ingreso e influencia del poder económico al momento de la definición de candidaturas.

Un sistema claro que fije límites de aportes de personas naturales y jurídicas, con financiamiento tanto público y privado, que use el sistema bancario para generar un registro ante todo transparente de los gastos electorales. Sin descuidar la fiscalización de parte del Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, con apoyo de la Contraloría General de la República; con sanciones de efectivo cumplimiento y efecto sobre el sistema político. Podría cambiar el oscuro escenario en el que se encuentra actualmente nuestra clase política, siendo una pieza clave de la Reforma Político Electoral y pilar de la consolidación de nuestra joven democracia.