El Congreso de la República desde inicios de año viene avanzando en algunas modificaciones a las normas electorales en el marco de una “reforma política electoral” que corrija serios problemas que afectan al sistema político y mejore su relación con la sociedad civil.
Comenzando con una lenta revisión de la ley de partidos políticos en la comisión de Constitución que data desde el 2011 y algunas modificaciones a la ley orgánica de elecciones buscando responder a los constantes reclamos de la ciudadanía y la baja aprobación a las principales instituciones políticas en nuestro país.
Si bien es destacable el avance en algunas modificaciones legales como: medidas para evitar el voto golondrino, la aplicación de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, la modificación del procedimiento de revocación para las autoridades regionales y municipales; además el cambio de nombre de los presidentes regionales a gobernadores regionales y la prohibición de reelección para autoridades regionales y municipales. Resultan en esfuerzos aislados y polémicos para paliar los problemas presentes en el sistema electoral y el sistema político; pero de ninguna forma llegan a constituirse en una verdadera reforma que aborde de manera integral una mejora del sistema político-electoral.
Cambios legales aislados constituyen una medida frágil cuyos efectos a futuro son impredecibles, a buena cuenta pueden repetir las consecuencias negativas de las reformas emprendidas en el gobierno de Alejandro Toledo detectadas por Alberto Vergara en El choque de los ideales1, con un impacto negativo en los cada vez más débiles partidos políticos.
Además se ha vuelto a hacer presente el desencuentro en los pronunciamientos de los líderes políticos y el comportamiento de sus congresistas al momento de analizar y votar estos cambios legales y constitucionales; muchas veces respondiendo a un instinto de supervivencia para mantener el status quo que ha beneficiado a estos políticos para acceder al parlamento. Entrampando modificaciones importantes como la restitución del Senado, la eliminación del voto preferencial, el fortalecimiento de las elecciones internas en los partidos y una auténtica rendición de cuentas de los aportes partidarios.
Más allá de este sombrío panorama en el parlamento es importante resaltar 2 hechos:
Primero: los organismos del Sistema Electoral; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), presentaron de manera conjunta un paquete de propuestas de Reforma Electoral bastante elaborado que alentó e impulso el debate en el Parlamento, a pesar de haber sido postergados por la presidencia de Ana María Solórzano y Luis Iberico y el maltrato recientemente sufrido por parte del congresista Freddy Otárola, presidente de la Comisión de Constitución.
Segundo: en la línea del esfuerzo de los organismos electorales, la Asociación Civil Transparencia e IDEA internacional han contribuido a promover el debate de nuevas propuestas para nuestro sistema, como bien las explicó Martín Tanaka en La República el domingo 13 de Setiembre y con algunos matices de diferencia Fernando Tuesta en su columna en La República el domingo 27 de Setiembre.
Todo parece indicar que una mayoría parlamentaria compuesta por parlamentarios de distintos movimientos ha empezado a obstruir la tan ansiada reforma electoral, generando un esquema de deforma política como bien la alerta Fernando Tuesta para proteger sus intereses y asegurar su permanencia en la política; a costa de mantener partidos políticos débiles y una democracia precaria.
Alternancia de género en las listas, la eliminación del voto preferencial, auténticas elecciones primarias fiscalizadas por los organismos electorales, un efectivo y regulado financiamiento público para los partidos, fiscalización de los aportes privados y mayor control a la rendición de cuentas de los gastos de las campañas electorales, entre otras medidas; como parte de una reforma integral se encuentran cada vez más lejanas de ser aplicados en el próximo proceso electoral. Mientras tanto el sistema político se sigue deslegitimando y nuestra joven democracia se mantiene debilitada por la responsabilidad de los políticos actualmente en el poder.
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