¿FINAL POLÍTICO?

Desde inicios de año, un tema se ha logrado posicionar en la agenda política y mediática nacional, el escándalo inmobiliario relacionado al expresidente Alejandro Toledo por la compra hecha por su suegra Eva Fernenbug de una casa de US$ 3.750.000, al poco tiempo Alejandro Toledo sacó un comunicado para responder sobre este hecho y fue publicado por su partido Perú Posible donde dió una primera explicación sobre los hechos relacionados a esta compra; donde daba a conocer la razón de los ingresos de su suegra debido a una doble viudez y una pensión grandiosa como víctima del Holocausto y que mediante estos compró esta propiedad en la Urbanización Las Casuarinas.

Pero al poco tiempo apareció la noticia de la compra del segundo inmueble (negado antes) insistió en lo mismo pero añadió un préstamo de Scotiabank en Costa Rica a una señora de 86 años para comprar una casa y una oficina en Lima. El disparate comenzó a desmoronarse por ser improbable. Pero aún existía un margen para la especulación y creer en esta difícil versión pero nuevas investigaciones como las de Panorama en Costa Rica y de Velaverde en Bruselas revelaron que la señora no sólo no tenía dichos ingresos, sino que había constituido una sociedad a todas luces de fachada para el trasvase de capitales que no eran de ella.

Pero surgió la posibilidad para el expresidente Toledo de venir a Lima y poder llegar a dar-por fin-una explicación al dar una entrevista a Augusto Álvarez Rodrich y luego asistir a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, donde respondió las preguntas de los congresistas sobre este tema, donde contó una nueva versión sobre este enredado tema, donde no faltaron las frases para tratar de responder ante tan grave acusación como “no soy abogado”, “¿usted conoce los negocios de su suegra?” o “no se lo permito”, para luego mostrar diferentes papeles que sirvan como pruebas de su inocencia ante tan escandaloso suceso, al final se retiró rodeado de la portátil que lo esperaba en la puerta del Congreso, para aperecer como triunfante pero no lo salvaron de las constantes contradicciones de su propia presentación.

Pero dos hechos han incrementado la sospecha y dañado más su imagen en este caso: el testimonio del corredor de inmuebles Paul Allemant, que no sólo indica que fue estafado al no recibir el pago por sus servicios sino también que dió a conocer que los verdaderos interesados en la compra eran los esposos Alejandro Toledo y Eliane Karp que fueron los que vieron y solicitaron conocer las diferentes casas para luego adquirir una finalmente; y el testimonio del abogado al que recurrió en Costa Rica, Melvin Rudelman, quien esta semana aceptó que fue el mismo Alejandro Toledo el que había solicitado la constitución de la empresa de fachada Ecoteva, llegando a proponer su nombre. El hecho había sido negado con énfasis. Pasadas las horas y los días, nadie ha desmentido ni al corredor ni al abogado. El silencio aquí habla por sí mismo.

A pesar de que el ex presidente Toledo ya no tiene el beneficio del antejuicio y debe ser investigado y procesado como cualquier ciudadano, es evidente que el trabajo de la Comisión de Fiscalización tendrá un impacto político y liquidará tanto sus aspiraciones presidenciales como el futuro de Perú Posible. Sin embargo, por más doloroso que esto sea para el gobierno en términos políticos, no debe ser impedimento para que se investigue un posible acto de corrupción. Hace mal el presidente Humala en alentar el encubrimiento parlamentario. Y terminaría dañando su débil postulación a la presidencia de la república en el 2016, dejando sin un candidato a lo que ha llamado Steven Levitsky el voto paniagüista que ha estado presente en los últimos años en nuestra política.

Es, sin embargo, en el campo penal donde Toledo deberá dar la peor batalla. Ser un mentiroso puede ser la ruina política, pero no lleva necesariamente a la cárcel. No poder explicar el origen de un dinero que se trasvasa de la cuenta de un amigo en dificultades financieras a inmuebles de una suegra milagrosamente beneficiada es el camino a la prisión. Más si puede probarse la participación directa de Toledo y su esposa tanto en la selección de los inmuebles a adquirir, como en la constitución de Ecoteva. Aquí y en Costa Rica se trata de conductas penadas tan graves como el de lavado de activos. Si Alejandro Toledo quiere salvarse, al menos de la cárcel, tiene que empezar por decir toda la verdad a la Fiscalía. Y con lujo de detalles consistentes, explicar bien de quién es la plata y porque había que hacerla recorrer tan extraño camino. Para de alguna manera esclarecer un tema que él ha contribuido a enredar con sus distintas versiones en los últimos meses que no han hecho más que liquidar su poca credibilidad.

Finalmente es necesario construir en el país no sólo la búsqueda por esclarecer hechos oscuros en el manejo económico presente en los actores políticos, pero de una manera inparcial y no con un sesgo político ni mediático; sino también fomentar una cultura de transparencia y de libre acceso a la información por parte de los ciudadanos para de esa manera no dañar la institucionalidad de nuestro sistema político.